Leyes de Punto Final y Obediencia Debida

InicioLeyes de Punto Final y Obediencia Debida
Nota de definición:

Luego de que un tribunal civil condenara a los comandantes militares de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) a cadena perpetua por los delitos de asesinato y torturas, y tras el descontento provocado por estos juicios entre las fuerzas castrenses, el entonces Presidente Raúl Alfonsín impulsó la aprobación en diciembre de 1986 de la Ley de Punto Final (ley N° 23.492), que estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente 
responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura; y en 1987, promulgó la Ley de Obediencia Debida (ley N° 23.521) que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel, durante el terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida».

El 9 de noviembre de 2001 la Cámara Federal de Buenos Aires anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y en 2003, el Poder Ejecutivo promulgó la ley N° 25.779 que  las declaró nulas. Finalmente, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales en su reconocido caso «Simón», que significó la definitiva reapertura de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado.

Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Secretaría de Derechos Humanos / Defensoría del Público. 2021

URI DEL TÉRMINO Y REPRESENTACIONES ALTERNATIVAS


Editor responsable: Biblioteca Obispo Angelelli - Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Este vocabulario está dedicado a describir acontecimientos históricos y dispositivos vinculados a las violaciones de derechos humanos en distintos momentos de la historia. Además de las acciones relacionadas con el terrorismo de Estado, son relevantes también los hechos ligados al quebrantamiento del orden constitucional y las respuestas sociales a la violencia del Estado, así como también las estrategias orientadas a la construcción de la memoria social sobre esos sucesos. | Editor responsable: Biblioteca y Centro de Documentación Obispo Angelelli | Coordinación editorial: Paula Natacha Ramos | Asistencia técnica y lingüística: Diego Ferreyra y María Antonia Osés