A medida que la última dictadura cívico-militar (1976-1983) intensificaba sus acciones represivas, distintas personas directamente afectadas fueron reuniéndose para denunciar y resistir. Estos grupos, nucleados luego en organizaciones defensoras de los derechos humanos, que estaban compuestos en su gran mayoría por familiares de las víctimas, ofrecieron ayuda legal, asesoramiento y contención a quienes estaban en su misma situación, al mismo tiempo que sus acciones de denuncia y movilización fueron generando una conciencia en el conjunto de la sociedad.
En el camino de la búsqueda de sus seres queridos y en la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo en nuestro país, las organizaciones de derechos humanos fueron investigando, tomando testimonios, registrando lo que acontecía y reconstruyendo la maquinaria del terror estatal, frente al silencio y la negación por parte de las autoridades.
La primera organización de derechos humanos del país fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937 por el Partido Comunista como sucesora del Socorro Rojo Internacional, con el propósito de defender a sus militantes, encarcelados y torturados por fuerzas policiales.
El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fue creado en 1974 por Adolfo Pérez Esquivel como un movimiento latinoamericano de inspiración cristiana y gandhiana. Con posterioridad se creó el Movimiento Judío por los Derechos Humanos.
En diciembre de 1975 fue creada la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) integrada por referentes políticos de distintos partidos, dirigentes sociales y miembros de diferentes cleros religiosos, que llevó adelante una importante tarea de registro y sistematización de denuncias.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) fue fundado también antes del golpe de Estado, en febrero de 1976, por un conjunto de iglesias.
En septiembre de 1976 fue creada la Comisión de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, impulsada por los familiares de personas detenidas, conocida más tarde como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que llevó adelante la defensa legal y el acompañamiento de los presos y presas políticos y sus familias.
A comienzos de 1977, el jueves 30 de abril, se realizó la primera marcha de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, referentes ineludibles del movimiento, las primeras en poner su cuerpo en la calle para denunciar las desapariciones y reclamar respuestas a las autoridades. Las Madres se han constituido en el símbolo más emblemático de la lucha por los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.
De las Madres de Plaza de Mayo se desprendió la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que inició su actividad en octubre de 1977: buscaban a sus nietas y nietos, que habían sido secuestrados junto a sus progenitores o habían nacido durante el cautiverio de sus madres, lo que se conoció como apropiación de menores.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comenzó a funcionar entre 1978 y 1979. Surgió como un desprendimiento de la APDH y se especializó en la defensa legal y en el trabajo internacional.
El movimiento de derechos humanos histórico fue integrado principalmente por estas ocho organizaciones que, durante la dictadura, llevaron adelante diversas tareas: denuncia y movilización, presentación de hábeas corpus en la justicia, contención a víctimas y familiares, acompañamiento a presos y presas, registro y difusión de información sobre la magnitud y características de la represión, organización de la solidaridad y la comunicación del problema a nivel internacional.
Hasta mediados de los años ’80, el eje central de su accionar estuvo dado por la urgencia del esclarecimiento y la difusión de la naturaleza de las violaciones masivas y sistemáticas –la demanda de «Verdad»–, y el reclamo por el castigo a los culpables –la demanda de «Justicia»–.
En el marco del proceso de justicia incipiente nació en 1984 la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) integrada por sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el contexto de la última dictadura cívico-militar. Los sobrevivientes han dado sustento probatorio con sus testimonios al emblemático Juicio a las Juntas Militares, 1985 y a todos los procesos legales por crímenes de lesa humanidad hasta la actualidad.
Durante 1995 surgió la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) integrada inicialmente por los hijos de detenidos–desaparecidos, ex presos políticos y exiliados durante la última dictadura militar. En plena etapa de impunidad, esta agrupación propuso el “escrache” de los responsables de crímenes de lesa humanidad como una novedosa herramienta de denuncia política y visibilización de los genocidas en sus propios domicilios o lugares de trabajo. Frente a la imposibilidad de hacer justicia, se proponía la condena social como mecanismo de ruptura respecto del olvido y el silencio.
Fuente: Secretaría de Derechos Humanos. Memoria, verdad, justicia, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2022.