En Argentina, durante la última Dictadura cívico-militar (1976-1983), “en el Centro clandestino de detención Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros Centros clandestinos de detención de la dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en «espera» de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como «botín de guerra» por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad”.

Ciento treinta y tres de esos niños y niñas, hoy adultos, fueron localizados y restituidos a sus legítimas familias por el trabajo de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de las instituciones públicas que bregan por este objetivo. A pesar de todos los esfuerzos realizados, se estima que alrededor de 270 personas todavía no saben que tienen una familia biológica de la que fueron separadas. Las Abuelas llaman a estos nietos y nietas que aún no pudieron ser encontrados, los «desaparecidos vivos».

En 2011, en el marco de la reactivación del proceso de justicia, se realizó un juicio emblemático en el que se demostró la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación sobre la población civil, reconocimiento que estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas Militares, 1985. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de niños y niñas que aún están desaparecidos. “Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”, señaló el día de la sentencia Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos. Memoria, verdad, justicia, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2022.

Actualización: agosto 2023