En diciembre de 1983 llegó a su fin la dictadura cívico-militar (1976-1983) y comenzó el más largo ciclo democrático de la historia argentina, que continúa hasta nuestros días. El factor decisivo fue la derrota de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto bélico con el Reino Unido por la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas del Atlántico Sur. La derrota militar, política y diplomática, sumada a la creciente denuncia internacional de los crímenes cometidos por la dictadura y a la resistencia interna, encabezada por el movimiento de derechos humanos y el movimiento obrero, impidieron que las Fuerzas Armadas pudieran negociar una transición que les garantizara impunidad e incidencia sobre el proceso democrático que se iniciaba, como ocurrió en el resto de los países del Cono Sur.

Frente a esta imposibilidad de pautar una salida en los términos esperados, en abril de 1983, a un año de la derrota de Malvinas, el último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, presentó el «Documento final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la subversión y el terrorismo» con la expectativa de clausurar toda revisión sobre el pasado. Además, estableció un crono-grama electoral y fijó para el 30 de octubre de 1983 la fecha de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los organismos defensores de los derechos humanos seguían presionando y exigiendo la «aparición con vida» de los desaparecidos y el «juicio y castigo a los culpables» de instrumentar el terrorismo de Estado.

Debido al rechazo y repudio generalizados que provocó el «Documento Final» y ante la negativa de diferentes sectores políticos y sociales a negociar cualquier encubrimiento o perdón exculpatorio, en septiembre de 1983 Bignone firmó la «Ley de Pacificación Nacional» (conocida como Ley de Autoamnistía) que buscaba absolver de toda responsabilidad en la represión a los miembros de las Fuerzas Armadas. Días más tarde, el gobierno militar ordenó, mediante un decreto, la destrucción de todos los documentos vinculados al accionar represivo.

Ya en el marco de la campaña electoral, el Partido Justicialista había anunciado por medio de su precandidato Antonio Cafiero que no aceptaría condicionamientos de las fuerzas armadas durante la transición, y planteó la consigna «Ni olvido ni venganza». Cafiero fue derrotado en la interna peronista por Italo Lúder, quien se pronunció en contra de la amnistía pero advirtió que tendría vigencia retroactiva, aún en el caso que fuera derogada. El candidato del radicalismo, Raúl Alfonsín, que había integrado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se pronunció contra la impunidad y propuso la anulación de la ley de amnistía al considerarla insanablemente nula.

En octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales. En su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa en diciembre del mismo año, Alfonsín realizó dos anuncios centrales en materia de derechos humanos: la anulación de la ley de amnistía de la dictadura y la decisión del gobierno democrático de esclarecer el destino de las personas desaparecidas. En cumplimiento de esos compromisos, envió al Congreso un proyecto para derogar la llamada ley de autoamnistía, firmó los decretos 157 y 158 que iniciaban el camino hacia el Jucio a las Juntas Militares, 1985 ordenando enjuiciar a las tres primeras Juntas Militares y a siete jefes de organizaciones político-militares, y creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Alfonsín explicitó el rechazo de su gobierno a la violencia de las que denominó «élites de derecha y de izquierda». Este esquema de análisis bipolar que se conoce como «teoría de los dos demonios» interpreta que, durante los años setenta, nuestro país estuvo envuelto en un clima de violencias contrapuestas del que fueron responsables tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, y ubica a la sociedad como un campo neutral atacado por la acción de ambos grupos.

En el contexto de esta denominada teoría, se entiende que la violencia de Estado fue ejercida como respuesta a una violencia precedente, la de las organizaciones armadas.

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos. Memoria, verdad, justicia, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2022.

Actualización: agosto 2023