En la madrugada del 20 de agosto de 1976, cerca de la localidad de Fátima, provincia de Buenos Aires, fueron asesinados 20 hombres y 10 mujeres perseguidos por su militancia política, sindical y social, en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Las 30 personas habían sido secuestradas por las fuerzas armadas y de seguridad, y detenidas ilegalmente en el centro clandestino de detención «Coordinación Federal», también conocido como Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. De ahí fueron trasladadas hasta un descampado de la localidad de Fátima, donde fueron ejecutados y sus cuerpos dinamitados. La dictadura hizo pasar este crimen de Estado por un atentado que atribuyó a la «demencia de grupos irracionales».

Tres de las víctimas de la Masacre de Fátima fueron identificadas de inmediato y, aun así, enterradas como NN en el cementerio de Derqui junto a los demás cuerpos. En 1983, por iniciativa de familiares y organismos de derechos humanos, la Justicia federal identificó a otros dos militantes. Ya en democracia y a partir de 1985, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) posibilitó que, hasta la fecha, se recuperara la identidad de otras 18 personas.

Ese mismo año, en el Juicio a las Juntas Militares, el dictador Jorge Rafael Videla fue sentenciado a prisión perpetua por estos crímenes, entre otros delitos. En julio de 2008, el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires aplicó la misma condena a dos de los responsables de la masacre, los expolicías federales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone.

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