La normativa penal argentina reprime la conducta de funcionarios públicos que en abuso de sus facultades apliquen cualquier vejación contra las personas o les apliquen apremios ilegales. Para aclarar conceptos debemos distinguir (Código Penal, artículos 144 bis y 144 ter ) severidades, vejaciones, apremios ilegales y tortura.

Una severidad consiste en cualquier trato riguroso sobre el cuerpo de las personas, como por ejemplo, inmovilizarlas, ubicarlas en lugares expuestos a elementos naturales, privarlas de comida o agua, o descanso, imponerles trabajos penosos sin elementos adecuados para hacerlos.

La vejación, en cambio, consiste en todo trato humillante que mortifique moralmente a la persona atacando sus sentimientos de dignidad y el respeto que merece como tal, como por ejemplo desnudarla injustificadamente o presentarla desnuda ante terceros.

Los apremios ilegales son procedimientos coaccionantes que tienen una finalidad distinta de la perversión de las severidades o vejaciones, finalidad que apunta a lograr determinada conducta del apremiado, usualmente obtener una confesión o datos incriminatorios para sí o para terceros.

Severidades, vejaciones y apremios ilegales son delitos propios de los funcionarios públicos y sus víctimas son personas privadas de su libertad a las que guardan.

Distinto es el caso de la tortura, que puede ser cometidas por funcionarios públicos pero también por particulares, bastando que aquéllos tengan un poder de hecho sobre las víctimas y recaen sobre personas legal o ilegalmente privadas de su libertad (artículo 144 ter, incisos 1º y 2º del Código Penal). La tortura consiste en un procedimiento que causa un intenso dolor físico o moral a la víctima y la finalidad que persigue es indiferente, lo que la distingue de los apremios ilegales. Como se ve los resultados dañosos para las víctimas conceptualmente van de menor a mayor en cuanto a intensidad (severidad, vejación, apremio ilegal, tortura) aunque algunas veces la ley los trata promiscuamente.