El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, con el impulso y participación de grandes grupos económicos y otros sectores de la sociedad civil, llevaron adelante un golpe de Estado que derribó al gobierno constitucional en funciones, instaurando una política de terror que impuso por la fuerza la reorganización total del país. El plan que ejecutaron, cuidadosamente preparado en los años previos al golpe, institucionalizó el modo represivo de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. Alrededor de 600 centros clandestinos de detención (CCD) fueron distribuidos en todo el territorio nacional, en su mayoría en medio de la trama urbana: dependencias militares y policiales como así también escuelas, empresas, fábricas, propiedades particulares, etcétera, adaptados a tal fin. El CCD fue el eje de la política represiva del Estado donde se consumó el plan de exterminio y desaparición de miles de personas, montado sobre la clandestinidad y el ocultamiento, pero que a su vez, mostraba lo suficiente como para diseminar el miedo, generar parálisis y lograr el disciplinamiento de la población.
La totalidad del aparato estatal puesta al servicio del terror planificado y sistemático tenía por finalidad sentar las bases para instalar un modelo socioeconómico y político funcional a los intereses de los sectores dominantes. Un proyecto de semejantes características requería –en términos de la dictadura– liquidar las conquistas sociales del último siglo y devastar cualquier manifestación de oposición y resistencia en un país con amplia participación popular. Para esto, el objetivo principal estuvo puesto en eliminar las organizaciones político-revolucionarias y sus periferias y aniquilar toda forma de organización política y social, gremial o sindical, estudiantil, religiosa o barrial, quebrantar sus capacidades de lucha y acción, borrar hasta el recuerdo de una sociedad movilizada. En el plan dictatorial, la «reorganización» del país implicaba un cambio no sólo económico, sino también político, social y cultural. Por eso, la actividad represiva se dirigió a todos los ámbitos de la vida social.
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