Luego de que un tribunal civil condenara a los comandantes militares de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) a cadena perpetua por los delitos de asesinato y torturas, y tras el descontento provocado por estos juicios entre las fuerzas castrenses, el entonces Presidente Raúl Alfonsín impulsó la aprobación en diciembre de 1986 de la Ley de Punto Final (ley N° 23.492), que estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente
responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura; y en 1987, promulgó la Ley de Obediencia Debida (ley N° 23.521) que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel, durante el terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida».
El 9 de noviembre de 2001 la Cámara Federal de Buenos Aires anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y en 2003, el Poder Ejecutivo promulgó la ley N° 25.779 que las declaró nulas. Finalmente, en junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales en su reconocido caso «Simón», que significó la definitiva reapertura de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado.
Bibliografía disponible en catálogo:
- Secretaría de Derechos Humanos. Argentina : combate a la impunidad, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2006
- Sancinetti, Marcelo. Derechos humanos en la Argentina post-dictatorial. Juicio a los ex comandantes. Punto Final. Obediencia Debida.
- Apéndice documental, Buenos Aires: Lerner, 1988.
- Raggio, Sandra. La justicia silenciada: 1986-1990.
Centro de Estudios Legales y Sociales. Ley de Punto Final, Buenos Aires: CELS, 1987.
