Delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público, al ser debidamente requerido, no justifica la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. CP, Art. 268 (2). OBSERVACIONES: La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.
CÓDIGO PENAL: LEY 11.179; LIBRO SEGUNDO; TÍTULO XI; CAPÍTULO IX BIS, Art. 268 (2).
Delito que comete un funcionario público cuando no justifica de dónde proviene su enriquecimiento patrimonial.
PENA: prisión o reclusión de dos a seis años; multa e inhabilitación absoluta perpetua
