Delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un testigo, perito o intérprete, afirma una falsedad, niega o calla la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente en una causa criminal, en perjuicio del inculpado. CP, Art. 275, pár. 2.