Delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público, teniendo fondos expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente; o rehúsa entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración. CP, Art. 264.
Delito que comete un funcionario público cuando demora injustificadamente un pago ordinario o se niega a entregar dinero que está custodiando.