Delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, por sí o por persona interpuesta, recibe dinero o cualquier otra dádiva o acepta una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia. CP, Art. 257.