Delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público requiere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales. CP, Art. 251.
Delito que comete un funcionario público si pide la ayuda de la fuerza pública para no realizar actos legítimos como cumplir normas o sentencias judiciales, etc.