Esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones  judiciales.

Más de 600 lugares fueron utilizados por la última dictadura cívico-militar (1976-1983) para el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas perseguidas por su militancia política, social y sindical y para la instalación del terror en todo el país, según la nómina oficial producida por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), dependiente de la Unidad de Investigación de la Secretaría de Derechos  Humanos. 

El Estado también fue responsable de los fusilamientos masivos de peones rurales de 1921 y 1922 en Santa Cruz, y de la masacre de presos políticos de agosto de 1972 en Trelew, entre otros crímenes cometidos en distintos momentos de nuestra historia que hoy son recordados y visibilizados como sitios de memoria.

La mayor parte de los lugares utilizados por el terrorismo estatal continúan perteneciendo a las fuerzas armadas y de seguridad federales o provinciales.  De allí que el Estado Nacional, junto con las provincias y municipios de todo el país, lleva adelante una política de hacerlos visibles en el territorio, a través de las señalizaciones que impulsa la Red Federal de Sitios de Memoria. 

Algunos de estos lugares fueron reconvertidos en espacios de memoria, en los que se realizan de modo permanente actividades de memoria, investigación, educación y promoción de derechos, como los ex centros clandestinos de detención ESMA y "Olimpo" en la ciudad de Buenos Aires,  "Mansión Seré" en Morón, provincia de Buenos Aires, y la D-2, "La Perla" y el Campo de la Ribera en la provincia de Córdoba, entre otros.